Segundo Semestre
Boletín de Carácter Teórico
Empecemos por convenir que participación ciudadana es la relación que existe entre los ciudadanos y el gobierno de un Estado que se desarrolla de diversas maneras y con intenciones distintas, ya sea a través de la sociedad civil, de manera individual o por medio de partidos políticos, para exigir cuentas a los funcionarios públicos, plantear demanda o elegir representantes. La participación ciudadana es entonces, “un tipo de acción política que expresa la intervención directa de los agentes sociales en actividades públicas”. La participación ciudadana puede clasificarse de acuerdo con su inserción o no en el proceso de toma de decisiones y distinguirse entre participación institucional y no institucional. La primera se refiere a aquellas actividades integradas a los mecanismos gubernamentales de toma de decisiones, tales como los refrendos, las elecciones, los organismos consultivos y los consejos ciudadanos, entre otros. La segunda comprende actividades que no forman parte de los canales oficiales para el establecimiento de políticas y que están dirigidas a ejercer presión sobre ellos, tales como las manifestaciones, las peticiones individuales o colectivas a organismos públicos, la promoción de intereses de grupos determinados o clases sociales, e incluso, la militancia y la actividad dentro de los partidos políticos.
La participación ciudadana también puede ser decisiva o consultiva. En la primera, las decisiones tomadas por los ciudadanos tienen carácter vinculante para los gobernantes, quienes están obligados a regirse por ellas, este es el caso de las elecciones y del referéndum en algunos países. En cambio, la participación consultiva, conduce a decisiones o proposiciones que formalmente el gobierno no está obligado a instrumentar, como ocurre en los referendos consultivos, la iniciativa popular legislativa y, en general, de la participación no institucional.
La democracia es resultado de la inmensa experiencia humana que ha caracterizado a la civilización occidental, ligada sustantivamente a la búsqueda histórica de los valores de libertad, justicia, respeto a los derechos humanos, así como el progreso material y espiritual de los pueblos. Sin embargo, es una experiencia inacabada, que con el pasar del tiempo ha evolucionado, incorporando nuevos contenidos, que van más allá de simples acuerdos de elección entre los comunes o entre los ciudadanos, significa nuevos derechos sociales y económicos que tienen que ver con los principios de equidad y dignidad de las personas. Más allá de las diferencias que se expresan en la discusión teórica respecto del método o de los contenidos del sistema democrático, la historia revela que las aspiraciones por ensanchar las fronteras de las libertades ciudadanas y alcanzar mejores estadios de justicia y progreso, han estado siempre en el corazón de las luchas sociales, así como políticas, ligadas, de uno u otro modo, a la idea de la democracia. Con avances y retrocesos, movilización o quietud, el progreso de las sociedades nos demuestra que allí donde no había libertades se peleó por conseguirlas, donde no había justicia se luchó por lograrla y donde no había bienestar se buscó alcanzarlo, a veces con éxito, en otras, aún se continúa bregando. Y en torno a esas pugnas siempre estuvo presente el empuje ciudadano. Desde sus orígenes, esta forma de gobierno ha sido concebida como una forma de rendición de cuentas de los gobernantes y de descentralización del ejercicio del poder, así como un modelo básico fundado en el respeto de libertades y derechos, que constituyen el coto vedado, y la razón última de las sociedades libres y maduras.
Por eso, más allá de concebirla como un método para definir mayorías y minorías, lo cual se traduce como un aspecto primario o estrictamente electoral consistente en “la conversión de votos en cargos de elección popular”, o bien en “un conjunto de reglas que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos”, advertimos que la democracia admite una idea integral del ser humano, que se potencializa a partir de la construcción del concepto ciudadanía, con pleno ejercicio de derechos y libertades civiles, así como políticas, que otorguen posibilidades de participación política y den paso a la responsabilidad social.
La democracia, entendida como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, encuentra en la participación ciudadana uno de sus elementos más esenciales y revitalizantes. La participación activa de los ciudadanos no solo fortalece los cimientos de la democracia, sino que también garantiza una sociedad más justa, equitativa y representativa. En este texto, exploraremos la importancia fundamental de la participación ciudadana en el contexto democrático.
La democracia es un sistema político que va más allá de la mera articulación de las normas que determinan los procedimientos de gobierno; es mucho más que un sistema normativo o de prácticas electorales, pues implica una serie de valores y compromisos políticos que son asimilados por la sociedad de manera convencional, incluso antes de integrar un marco legal. Por eso, “para que la democracia se mantenga sana, se requiere por parte de los gobernados y los gobernantes, una aportación activa en forma de participación política y una actitud ética que contrarreste las conductas antidemocráticas con comportamientos positivos, por parte de todos los ciudadanos”.
Desde este punto de vista, la democracia no sólo tiene que ver con la legitimidad que obtienen los gobiernos de los comicios, sino también con la evaluación cotidiana de su desempeño. Así, el ciudadano podrá votar en elecciones limpias y transparentes, revisar la eficacia de los actos de gobierno (emitir un juicio de valor sobre la gestión administrativa), pero, sobre todo, estar al tanto de los procesos decisorios fundamentales que le afectan directamente, confiriéndole al grupo en el poder, no sólo su respaldo o castigo en futuros comicios, sino una calificación que haga sustentable la viabilidad de un gobierno en el contexto de una eventual revocación del mandato o de revisión de las políticas públicas.
Normalmente, en las democracias de calidad se invoca a la participación de los ciudadanos, de las organizaciones y de la sociedad en su conjunto, para dirimir los problemas que aquejan a la colectividad, para encontrar soluciones comunes, influir en la toma de decisiones o para hacer confluir las voluntades, a partir del acuerdo y el consenso entre los distintos actores. Esto, sin lugar a duda, vigoriza la capacidad de respuesta del Estado e involucra a los ciudadanos y sociedad civil en la toma de decisiones. A partir de esos arreglos comunes, la participación suele ligarse con propósitos generales, transparentes y vinculantes que trascienden al bienestar de la población, porque se refieren al bien común o al interés público.
La participación ciudadana implica el compromiso activo de la población en la toma de decisiones, la formulación de políticas y la supervisión de las acciones gubernamentales. Es el puente que conecta a los ciudadanos con el proceso democrático, permitiéndoles influir directamente en la configuración de su entorno político y social. Esta participación puede manifestarse de diversas maneras, como la votación en elecciones, la expresión de opiniones en espacios públicos, la colaboración en iniciativas comunitarias y la interacción con las instituciones gubernamentales. En primer lugar, la participación ciudadana en las elecciones es un componente esencial de la democracia representativa. A través del acto de votar, los ciudadanos eligen a sus representantes y contribuyen a la formación de un gobierno legítimo que refleje los intereses y valores de la sociedad. La participación electoral no solo confiere legitimidad al proceso democrático, sino que también empodera a los ciudadanos al otorgarles la capacidad de decidir el rumbo de su nación. Además, la participación ciudadana trasciende las urnas y se manifiesta en la capacidad de la sociedad para expresar sus opiniones y demandas en diversos espacios públicos. La libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica son herramientas fundamentales que permiten a los ciudadanos influir en la agenda política y llamar la atención sobre asuntos cruciales. La diversidad de opiniones y la inclusión de voces diversas en el debate público enriquecen y contribuyen a la formación de políticas más equitativas.
La colaboración en iniciativas comunitarias es otra forma de participación ciudadana que fortalece la cohesión social y fomenta la solidaridad. A través de proyectos locales, los ciudadanos no solo abordan problemas específicos de sus comunidades, sino que también se involucran activamente en la construcción de un tejido social robusto. La participación a nivel comunitario no solo empodera a los individuos, sino que también nutre el sentido de responsabilidad cívica y la conciencia de pertenencia a una sociedad interconectada. En última instancia, la participación ciudadana en la supervisión de las acciones gubernamentales es esencial para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Los ciudadanos deben tener la capacidad de cuestionar y evaluar las decisiones de los gobernantes, exigiendo transparencia en la gestión pública y responsabilidad por parte de los líderes electos. Esta supervisión activa contribuye a prevenir abusos de poder y garantiza que el gobierno sirva a los intereses de la sociedad en lugar de beneficiar a unos pocos. En conclusión, la participación ciudadana no es simplemente un accesorio en la democracia; es su esencia misma. Desde el ejercicio del voto hasta la participación en debates públicos, la colaboración en iniciativas comunitarias y la supervisión activa de las acciones gubernamentales, la participación ciudadana configura la dinámica fundamental de un sistema político que aspira a ser verdaderamente representativo. En la intersección de estos diversos aspectos, la participación ciudadana se convierte en el motor que impulsa el progreso social, garantizando que la democracia no solo sea un concepto teórico, sino una realidad viviente que refleje la voluntad y la diversidad de la sociedad. Pese a la importancia que tiene la participación para la cosa pública, esta situación no está exenta a los debilidades humanas, a la indolencia o la mezquindad del poder político, por lo que existe un dilema en el que: no todos quieren participar aunque puedan y no todos pueden hacerlo aunque desearan, porque las distintas formas de expresión de la voluntad ciudadana, a veces escapan a la racionalidad del método democrático, también tienen limitaciones y, en ocasiones, el contexto no es favorable para la participación de los ciudadanos.
